Quod erat demostrandum

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha coincidido con la Delegación de Gobierno en los argumentos para prohibir la llamada 'procesión atea' que diferentes colectivos habían querido realizar hoy, jueves que los católicos llaman Santo.

Esos argumentos son un compendio de razonamiento torticero, y malo es que los utilice una Delegación del Gobierno, porque eso implica que -la palabra lo dice-, es el Gobierno quien los está usando por vía delegada. Pero que los suscriba un tribunal es una confirmación de dos cosas: que la judicatura no tiene ningún viso de imparcialidad; y que muy mayoritariamente tiene una ideología que se corresponde milimétricamente con la de los que se ven a sí mismos no como una opción de derechas en un sistema democrático burgués al uso, sino como los vencedores franquistas en la Guerra Civil.

La judicatura no está al servicio de ese teórico Estado social y democrático de Derecho que el título preliminar de la Constitución de 1978 reconoce. Está al servicio del mantenimiento de los pactos no declarados entre la izquierda que tras la muerte de Franco decidió que la única vía para salir de la Dictadura era pactar con los herederos del dictador, y esos mismos herederos. Pongamos nombre a esa izquierda: el PSOE y el PCE.

Dos son los argumentos fundamentales que tanto la Delegación del Gobierno como el TSJM utilizan: que el uso de la libertad de manifestación que la mencionada 'procesión atea' invoca pone en peligro el ejercicio de otra libertad, cual es la de religión; y que, en caso de realizarse, la 'procesión atea' podría generar actos violentos.

En cuanto al primer argumento, se trata de contraponer el ejercicio de una libertad al de otra, ocultando que sólo en la mente de quien lo argumenta puede verificarse esa identidad entre realización de la 'procesión atea' y conculcación del derecho a expresarse libremente de la procesión católica. Es evidente que de ninguna forma la primera impide la segunda. A partir de ahora, sí es cierto lo contrario: la segunda impide la primera.

En cuanto al segundo argumento, los jueces han bendecido la violencia y la amenaza como instrumento legítimo, ya que la amenaza de ciertos grupos pro-fascistas ultra católicos, tipo Hazteoír y similares, en el sentido de que el permiso para realizar la manifestación atea podría generar violencia, ha sido tomado por sí mismo como argumento de validación.

Así pues, una amenaza es, para los jueces, demostración suficiente de que puede haber violencia (lo cual es lógico), pero no motivo suficiente para investigar y perseguir a quienes profieren las amenazas, defendiendo así de las mismas a quienes a nadie han pretendido amenazar convocando la manifestación atea. Según los jueces, a quien hay que defender es a quienes profieren las amenazas.

O, como se decía antes: quod erat demostrandum.

Todo esto, no obstante, no quita ni un ápice de valor a la iniciativa, loable, cívica y digna de figurar en los anales de la historia. Es un primer paso que marca el camino por el que es imprescindible seguir. Los ultracatólicos que entienden su religión no solamente como tal, sino como la plataforma y el pretexto a partir del cual hacerse fuertes en política para extender el ideario involucionista y golpista, deben ser frenados, y deben serlo con hechos y no sólo con palabras. Ésta manifestación iba a ser el primer hecho, y no dudo que lo será si no cejamos en apoyar este tipo de iniciativas.

Es imprescindible que la cultura progresista, respetuosa pero firme, se haga presente, palpable en la sociedad española. Sólo así podremos desvelar lo pocos que son estos estafermos de Cristo que, tal como uno de sus muchos nombres pretende, sólo quieren hacer ruido para hacerse oír.

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