La Justicia a las órdenes de la Política

No es por meterme con nadie, se lo juro, pero me parece un pelín bochornoso el espectáculo que el Gobierno está dando en el caso del Alakrana. Hay, creo yo, una pérdida de papeles, un no saber a qué carta quedarse, si a la de Gobierno serio e inflexible, o a la de gobierno flojeras y presto a las componendas. Ahora resulta que el abogado de los somalíes detenidos cambia, y de un abogado de oficio pasan los piratas a tener uno de campanillas. El picapleitos ni dice ni deja de decir que le esté pagando el Gobierno, pero viene a explicar que quienes crean que sí, puede que estén en lo cierto. Segundos después de su voz insinuando esto, muestran en el telediario al sin par Moratinos diciendo, con una media sonrisa claramente improcedente, que se acaba de enterar, como quien dice, de que los piratas tenían abogado nuevo.

Suena Moratinos a cínico, suena a "bueno, ya saben ustedes que sí, que le estamos pagando nosotros, y yo sé que ustedes lo saben, pero tengo que decir esto que digo porque hay que guardar las formas". A mí la cosa me parecería menor si no fuese por lo que el abogado de campanillas ha puesto sobre la mesa nada más entrar en juego: pedir a la Fiscalía que considere a los dos detenidos como cómplices del secuestro y no como coautores del mismo. Eso rebajaría la pena que se les pudiera imponer a seis años y podrían ser expulsados a Somalia, donde quedarían en libertad.

No conozco los intríngulis legales, pero a mí eso me suena a fraude de ley, a enjuague como los que en la series norteamericanas vemos que usan los abogados de aquel país para negociar la libertad de sus clientes. El fiscal encargado del caso le ha contestado, según el abogado, que tiene que esperar indicaciones. O sea, que le tienen que susurrar al oído lo que debe hacer. O sea, que la Justicia se pone al servicio de la Política.

Me gustaría que no les pasara nada a los tripulantes del pesquero. Me gustaría también que los pesqueros españoles dejaran de esquilmar los mares, tanto cerca como lejos de las costas españolas, una actividad milenaria que les ha hecho personas non gratas en muchos países. Me gustaría, en cualquier caso, que la respuesta somalí o de cualquier otro país a la esquilma de sus costas por parte de pesqueros extranjeros, si es que la hay, se diese en términos políticos y no simplemente delicitivos. Pero sea cual sea el destino de esos deseos míos, querría que el sistema judicial español, o al menos una parte muy importante del mismo, no se hubiese puesto tan evidentemente al servicio de la política.

No sé si el juez Pedraz, tras investigar los teléfonos móviles de los dos detenidos, extraerá de ellos la conclusión de que los piratas son sólo complices o que son autores del secuestro. Pero la intervención de ese abogado con pinta tan extremadamente pija y de ese ministro que mezcla demasiado la imagen del diplomático bobo con la del cínico calavera de la diplomacia, ya han hecho su trabajo: dejarnos la clara impresión de que las decisiones judiciales las conducirá el Ejecutivo.

Es otro balde de agua de alcantarilla que entre unos y otros están echando en la sala de estar de esta democracia que siguen anunciando como modélica, pero a la que se le sale el agua sucia cada vez con más fuerza por debajo de las puertas.