Una incorreción política

Cada vez es más clara la impresión que tengo de que la autosuficiencia con que la sociedad política y la sociedad civil (polémica diferenciación) abordan la condena de diversos grupos de personas (D3M, Askatasuna, los jóvenes, los hombres...), lejos de hacer avanzar en la erradicación de aquellas conductas consideradas condenables, lo que hacen es aumentar el número de sus practicantes.

Una aplastante mayoría de la clase política española y buena parte de la vasca condenan a los abertzales y se ven incondicionalmente secundados en su condena verbal por la condena jurídica implícita en la ilegalización a calzón quitado que la judicatura está dispuesta a poner en pie cada vez que hay unas elecciones en las que Euskadi se convierte en circunscripción electoral.

Me importa un carajo lo que dicten estos jueces, tengo claro que las ilegalizaciones son ilegítimas, ya que no ilegales, porque las leyes se hacen a medida de los deseos del legislador y los jueces que las aplican lo hacen sin conciencia alguna. La condena, por una y otra vía, de quienes defienden los planteamientos soberanistas (no de quienes defienden el terrorismo, que es distinto) puede que parezca eficaz, pero en algún momento las cañas se tornarán lanzas y una enorme cantidad de ciudadanos que estos anti-políticos y estos anti-justos creían convertidos a la causa ilegalizadora, pillarán un rebote por alguna de las mil razones que tienen para hacerlo y de repente resultará que la iniciativa de D3M de llamar a usar su papeleta para votar nulo será seguida por muchos miles más de los esperados.

En la misma línea, alguien tuvo la brillante ocurrencia de pensar que creando una legislación en defensa de las mujeres que se basa en la venganza sobre los hombres de manera indiscriminada, estaría haciendo que el machismo se batiese en retirada. Cuando se empezaron a dar más casos de agresiones, violaciones, discriminaciones y, en definitiva, tratos degradantes para las mujeres, sólo se les ocurrió dar como solución el recrudecimiento de esas leyes y la recomendación de una actitud más represiva y más indiscriminada contra los hombes. La teoría que debe estar guiando esta conducta legislativa es la de que cuanto más se grite contra el lobo, más creerá la oveja que la están ayudando, aunque quien grita no salga nunca de su casa, ni siquiera cuando el lobo llega y, para desgracia de la granja entera, se come a la oveja.

Y un día descubrieron que la defensa de los derechos de los menores vendía bien y conseguía muchos votos, e inmediatamente se pusieron a elaborar leyes que, basándose en lo que había por ahí disperso y sin poner atención a los resultados de esas legislaciones de muestra, están amenazando con conseguir la pérdida absoluta de más de una generación entera para la causa de una mínima convivencia en paz y armonía unos con otros. Ahora se plantean la duda de si no habrán ido demasiado lejos y la reacción, como siempre, es la más facilona, la que no lleva consigo tomarse la molestia de verdad de investigar qué ocurre y cómo solucionarlo. Ahora están escribiendo una ópera bufa en cuyo guión juntan, sin que vean por ningún lado la contradicción, la defensa desorbitada e irrazonable de unos derechos elevados a categoría por encima de cualquier cosa, con el planteamiento, ya desarrollado en los histéricos Estados Unidos, de poder encarcelar a los menores. Dentro de poco habrá quien clame por que se les pueda ejecutar en la silla eléctrica.

Es, en efecto, una sociedad enferma la que necesita poner a hombres que nunca jamás han agredido a nadie, ni a su pareja ni a ninguna otra mujer, ni a ningún hombre tampoco, en la tesitura de tirar su vida a la basura cuando su esposa decide que la relación ha terminado y un juez, con la ley en la mano, le condena a irse de su casa, pagar una pensión por los hijos, seguir pagando el piso (a no ser que quiera malvenderlo a su ex) y, además, tener que afrontar otro gasto en alquiler o en nueva compra. Ningún argumento me convencerá jamás de que eso está justificado, pero es lo que hay.

Aún recuerdo la amargura con la que recientemente leí en una nota pública del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, cómo la concejalía de la Mujer ofrecía los recursos del Banco del Tiempo de la localidad para organizar ayudas a quienes tuvieran hijos a su cargo y no pudieran dejar de trabajar para atenderlos en ciertos horarios... siempre y cuando fuesen mujeres. ¿Por qué un Banco del Tiempo ha de ser gestionado por y para mujeres exclusivamente? Una cosa es que la mayoría de usuarias objetivas sean mujeres, y otra muy distinta que haya una discriminación en origen hacia los hombres que tengan esas mismas cargas. ¿Habrá quien responda a esto: "eso es lo que les ha estado ocurriendo a las mujeres durante siglos"? Seguro que lo habrá, y le contestaré: yo, Antonio Flórez, no le hice nunca eso a ninguna mujer, y exijo mi derecho a que no me lo hagan a mí con ese argumento, porque entonces será una venganza, no una justicia. Y se estarán vengando de quien ninguna ofensa hizo. Las leyes han de ser aplicables a personas concretas, no a grupos sociales.

O, hablando de los jóvenes, miren el denigrante espectáculo montado en torno al presunto asesinato de Marta, la chica de Sevilla que estos días está lamentablemente en todos los medios de comunicación. Por un lado tenemos a unos jóvenes que evidentemente no tienen un patrón ético de comportamiento que les haga darse cuenta de la enorme desproporción entre la posible frustración que hayan podido sentir a causa de la actitud de la chica, y el hecho de matarla. Lo mismo podría decirse de esos cabritos que entran en el cajero de una sucursal bancaria donde dormita un mendigo y se entretienen en darle una paliza y quemarle vivo mientras graban todo en un video. O de quienes se creen los reyes de un imaginario universo de videojuego trasladado al pequeño espacio del aula escolar y allí eligen al más débil como personaje malo de su particular película, haciéndole la vida imposible o algo peor.

De un lado tenemos esos comportamientos, que mueven a la gente a pretender el linchamiento de los jóvenes allí mismo, mientras los trasladan de un juzgado a una cárcel; de otro, tenemos a un fiscal que anuncia el posible inicio de acutuaciones de oficio para investigar si los medios de comunicación han hecho un uso abusivo y contrario a la ley de las imágenes de los jóvenes, y si han dañado su imagen.

En mi opinión no hay aquí un equilibrio, no hay un raciocinio que dulcifique el rigor del castigo. Hay las ganas de poner parches publicitarios a situaciones que los legisladores creen explosivas. Después ya se encargarán los jueces de dictar sentencias dignas de Jaimito, graciosas si no llevaran consigo lo que suelen llevar. Que esto lo haga la gente de derechas, para quien tradicionalmente importa bastante poco que la sociedad se equilibre y sea justa, siempre y cuando sea beneficiosa para ellos, está mal, pero se comprende. Pero que lo haga la izquierda, que es la que más responsabilidad intelectual debe asumir en la ordenación verdaderamente democrática y verdaderamente progresista (en el sentido originario del término, y no en el degradado uso actual) de la sociedad, ya no es de recibo.

Quiero ver leyes hechas por la izquierda que se planteen en profundidad la educación para la ciudadanía más allá de la anécdota religiosa. Que se planteen la educación para el progreso, diría yo, entendido como la superación de las lacras de todo tipo que nuestro tiempo y los tiempos pasados han ido dejando y continúan haciéndolo. Que se planteen hacer entender de verdad a los niños que las niñas son diferentes, ¡claro que lo son, a mucha honra para ellas!, pero que esa diferencia no es ni buena ni mala en sí misma. Que se planteen hacer entender a los niños que las y los demás merecen por principio un respeto en todas las facetas: la económica, la laboral, la personal, la sentimental... Que se planteen hacer entender a los niños que las diferencias políticas pueden y deben debatirse en libertad, sin miedos apriorísticos a los resultados, y que sólo cuando las diferencias llevan consigo una agresión física o moral que atenten o minimicen la libertad y la dignidad, uno está en su derecho de defenderse, y que esa defensa puede llegar incluso al uso de la violencia (¡oh, estigmatizado concepto, del que sin embargo tan liberal uso hacen todos los Estados!). Y perseverar años y años en esa educación, y tomarse muy en serio la necesidad de que lo que aprendan en la escuela lo vean reafirmado también en la sociedad, en su casa y en la calle.

Y sólo así, a la vuelta de muchos años, nos daremos cuenta (se darán, más bien, que no creo que yo lo vaya a ver) de que hemos cambiado y de que lo hemos hecho todos, más o menos al tiempo. Será una experiencia gratificante ver los derechos de los demás protegidos realmente por la mejor de las leyes: la que no es necesaria porque todos tenemos claro que no hay que violarla.