Un recordatorio que suena a amenaza
Los jueces vascos han "recordado" a Ibarretxe que ninguna autoridad goza de impunidad. En boca de un estamento (considerado globalmente como tal y no particularizando en ninguno de sus miembros) que decidió que era justo endosar doce años de cárcel a alguien por escribir dos artículos, este recordatorio da miedo. De hecho, uno se pregunta si su objetivo no es ése, precisamente.
Porque declaración tan obvia para cualquiera que tenga un mínimo de sentido común y de conocimiento del país en que se halla, no debiera de ser emitida, por innecesaria. Y sin embargo, se emite. ¿Creen los jueces que Ibarretxe desconoce extremo tan de cajón como el que le han recordado? Me atrevo a asegurar que no, que no lo creen.
El resultado de esa declaración de la judicatura se percibe como una amenaza. El aviso de un poder que se siente puesto en entredicho por muchos políticos y por muchos ciudadanos, cuando nunca ha estado acostumbrado a semejante situación. Los políticos siempre habían tenido en la boca el latiguillo referente al acatamiento y al no comentario de las sentencias y posicionamientos judiciales.
Ahora, los políticos comienzan a torcer el gesto y, a veces, a despotricar más o menos veladamente contra tal o cual decisión judicial. No es el caso únicamente del gobierno vasco, porque recientemente Rajoy ha dicho, en referencia a la postura de permitir que De Juana Chaos pudiera seguir cumpliendo domiciliaramente su condena mientras peligrara su vida, que "no hay ningún español normal que quisiera aceptar este chantaje" (gracias por la referencia, Javier M). Y decir ésto implica decir que los jueces que votaron de manera distinta a la mayoría de la Audiencia Nacional, no son "normales". Sin embargo, es cierto que, en el caso del gobierno vasco, la declaración pública realizada recientemente es el gesto más relevante en ese sentido, y no tiene precedentes. La cuestión es: ¿puede y debe una institución del nivel de un gobierno autonómico encararse con la judicatura?
Lo que Ibarretxe (vamos a personalizar en él, para abreviar, pero es particularmente importante recordar que la declaración de la que hablamos es institucional y no personal) ha hecho ha sido llamar al orden a unos jueces que, de manera evidente y notoria, habrían venido usando sus prerrogativas como tales para apoyar determinadas derivas políticas y entorpecer otras. Es tarea de cada cual valorar si esta afirmación es cierta o no.
Si la valoramos como tal, la declaración es absolutamente legítima y, además, oportuna. Porque muchos jueces habrían estado actuando como brazo judicial al servicio de una determinada política, cosa que les está vedada. ¿Lo han estado haciendo? De nuevo, que cada cual conteste a esa pregunta.
Ibarretxe no está poniendo en cuestión tal o cual sentencia o decisión judicial. En ese sentido, no está poniendo en cuestión la capacidad e idoneidad de los jueces para desarrollar técnicamente su labor. Lo que pone en cuestión es la voluntad que movería a esos jueces a la hora de tomar determinadas decisiones y no otras. Y les está echando en cara que con esas determinadas decisiones están poniendo en peligro iniciativas relacionadas con el logro de la paz en Euskadi y en España.
¿Y por qué en este comentario hay tantos verbos en condicional? Pues muy sencillo: porque si a un presidente de Comunidad Autónoma se le estuviera amenazando, no te digo nada lo que pasaría con un pobrecito como yo...
Porque declaración tan obvia para cualquiera que tenga un mínimo de sentido común y de conocimiento del país en que se halla, no debiera de ser emitida, por innecesaria. Y sin embargo, se emite. ¿Creen los jueces que Ibarretxe desconoce extremo tan de cajón como el que le han recordado? Me atrevo a asegurar que no, que no lo creen.
El resultado de esa declaración de la judicatura se percibe como una amenaza. El aviso de un poder que se siente puesto en entredicho por muchos políticos y por muchos ciudadanos, cuando nunca ha estado acostumbrado a semejante situación. Los políticos siempre habían tenido en la boca el latiguillo referente al acatamiento y al no comentario de las sentencias y posicionamientos judiciales.
Ahora, los políticos comienzan a torcer el gesto y, a veces, a despotricar más o menos veladamente contra tal o cual decisión judicial. No es el caso únicamente del gobierno vasco, porque recientemente Rajoy ha dicho, en referencia a la postura de permitir que De Juana Chaos pudiera seguir cumpliendo domiciliaramente su condena mientras peligrara su vida, que "no hay ningún español normal que quisiera aceptar este chantaje" (gracias por la referencia, Javier M). Y decir ésto implica decir que los jueces que votaron de manera distinta a la mayoría de la Audiencia Nacional, no son "normales". Sin embargo, es cierto que, en el caso del gobierno vasco, la declaración pública realizada recientemente es el gesto más relevante en ese sentido, y no tiene precedentes. La cuestión es: ¿puede y debe una institución del nivel de un gobierno autonómico encararse con la judicatura?
Lo que Ibarretxe (vamos a personalizar en él, para abreviar, pero es particularmente importante recordar que la declaración de la que hablamos es institucional y no personal) ha hecho ha sido llamar al orden a unos jueces que, de manera evidente y notoria, habrían venido usando sus prerrogativas como tales para apoyar determinadas derivas políticas y entorpecer otras. Es tarea de cada cual valorar si esta afirmación es cierta o no.
Si la valoramos como tal, la declaración es absolutamente legítima y, además, oportuna. Porque muchos jueces habrían estado actuando como brazo judicial al servicio de una determinada política, cosa que les está vedada. ¿Lo han estado haciendo? De nuevo, que cada cual conteste a esa pregunta.
Ibarretxe no está poniendo en cuestión tal o cual sentencia o decisión judicial. En ese sentido, no está poniendo en cuestión la capacidad e idoneidad de los jueces para desarrollar técnicamente su labor. Lo que pone en cuestión es la voluntad que movería a esos jueces a la hora de tomar determinadas decisiones y no otras. Y les está echando en cara que con esas determinadas decisiones están poniendo en peligro iniciativas relacionadas con el logro de la paz en Euskadi y en España.
¿Y por qué en este comentario hay tantos verbos en condicional? Pues muy sencillo: porque si a un presidente de Comunidad Autónoma se le estuviera amenazando, no te digo nada lo que pasaría con un pobrecito como yo...
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